La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen favorable para reformar el Código Procesal Constitucional, bloqueando futuros procesos judiciales que cuestionen el accionar del Parlamento. Esta iniciativa, que agrupa los proyectos de ley 04145/2022-CR y 04672/2022-CR, ha generado preocupación en diversas organizaciones.
Críticas de organizaciones indígenas
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas (Onamiap) advirtió que, de aprobarse este dictamen, se eliminaría la posibilidad de presentar recursos judiciales efectivos contra normas inconstitucionales aprobadas por el Congreso. Además, la reforma busca que el Estado peruano se desvincule de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), afectando los derechos de pueblos y mujeres indígenas.
Promovido por intereses políticos
El dictamen fue impulsado por la Comisión presidida por Fernando Rospigliosi, del fujimorismo. El congresista ha promovido previamente medidas para debilitar la investigación de delitos de lesa humanidad y la criminalidad organizada. La aprobación del dictamen también contó con el respaldo de los partidos de César Acuña (Alianza para el Progreso) y el cerronismo, lo que ha generado preocupación por un posible desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos en Perú.
Modificaciones clave del dictamen
La reforma crea el artículo 79-A del Código Procesal Constitucional, el cual establece que los jueces deberán rechazar procesos constitucionales y medidas cautelares que cuestionen el ejercicio de las atribuciones del Congreso, tales como vacancia, juicio político o suspensión presidencial.
Asimismo, modifica el artículo VII del mismo código, limitando la vinculación del Estado peruano únicamente a sentencias internacionales donde Perú sea parte, excluyendo jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Esto supondría un retroceso en el cumplimiento de tratados internacionales ratificados por el país, dejando en vulnerabilidad a organizaciones que resisten políticas inconstitucionales.
La aprobación definitiva de esta ley podría dejar sin protección legal a diversos sectores sociales, según advierten las organizaciones indígenas.