Servidores públicos y funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Zarumilla han sido señalados de haber defraudado patrimonialmente al Estado tras pagar planillas por conceptos que no cuentan con sustento legal. Esta acción habría provocado un perjuicio económico total de S/ 641,169.35. Es decir, más de medio millón de soles.
De acuerdo al Informe de Control Posterior del Órgano de Control de la Dirección Regional de Educación Tumbes, se advierte que durante los años 2021 y 2022, se realizaron pagado de planillas a favor de 63 funcionarios de la UGEL Zarumilla, por “conceptos de cumplimiento de los compromisos de desempeño, sinceramiento contable, sinceramiento de deuda social, pagos de reiteró, cumplimiento de metas de fondo de estímulo y desempeño, implementación de buenas prácticas de gestión, aprovechamiento de herramientas, cumplimiento de contratación docente plan pacto por la educación 2023 a 2026, reconocimiento por arduo trabajo en el uso de capacitivo de seguimiento a los procesos institucionales y recopilación y actualización de información para la rendición de cuentos”.
Sin embargo, los conceptos antes mencionados carecerían de sustento legal y administrativo, según la revisión documentaria realizada por la Contraloría General de la República.
Pagos sin base legal
La OCI determinó que los funcionarios también “permitieron que estos pagos se realicen al margen de lo establecido en la normativa” lo que causó el perjuicio económico.
La carencia de la base legal fue corroborada por el mismo director de la UGEL Zarumilla quien, tras un pedido de información de la Contraloría, afirmó que “no se logró identificar información documentada sobre el sustento legal que dio lugar a realizarlos trámites para el pago de la planilla”.
Según explica la Contraloría, “el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público”.
En este documento se prevé de forma taxativa el listado de conceptos que les corresponde recibir al personal administrativo enmarcados en los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276 y 1057. Sin embargo, los montos pagados no se encuentran en el mencionado catálogo.
En esa línea, las leyes del presupuesto del sector público para el año 2021 y 2022, prohíbe a las entidades de los tres niveles de gobierno, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificación, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones y conceptos de cualquier naturaleza.
UGEL Zarumilla: pagos efectuados
De acuerdo a la data del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se ha realizado el pago de 9 conceptos sin sustento legal, cuyo monto asciende a S/ 228,839.37.
En tanto, en el año 2022, se ha identificado el pago de 21 conceptos que carecen de legalidad, los cuales se han percibido en un total de 31 planillas de pago. El monto asciende a S/ 412,329.98.
Funcionarios con responsabilidad
Los servidores públicos involucrados en estos pagos ilegales enfrentan responsabilidades penales y administrativas con PAS.
Con responsabilidad penal y administrativa PAS:
- Carlos Rosendo Llauce Oviedo, tiene penal y administrativa
- Franklin Daniel Luna Navarro
- Silvana Manrique Espinoza
- Jair Ignacio Tinedo Romero
- Jorge Luis Zarate Merino
Solo con responsabilidad administrativa PAS:
- Anthony Frank Silva Rivas
- Marita Karina Yzquierdo Espino
- Percy Atoche Canales
- Jose Luis Herrera Montero
- Tatiana Lizbeth De Lourdes Balladares Ramírez
- Angello Segundo García Mendoza
- Wilson Starlyn La Madrid Mogollón
Contraloría recomendó a la UGEL Zarumilla realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados, de acuerdo a su competencia.
A su vez, instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a dar inicio a “las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad”.
Datos
- Cinco funcionarios tendrían responsabilidad penal en los pagos ejecutados sin sustento legal
- El director de la entidad tendría responsabilidad administrativa
