Este proyecto de ley, que lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y del jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, plantea que los altos funcionarios del Estado pueden ser acusados por el fiscal de la Nación de oficio o a pedido de parte, ante la Corte Suprema por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, inclusive hasta cinco años después de que los altos funcionarios hayan cesado en sus cargos.
