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Perú Libre presentó dos proyectos de ley que buscan coactar a periodistas y medios de comunicación

Uno de los proyectos de ley, presentado por el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, establece pena de 4 años de cárcel para ciudadanos denunciados por difamación.
REDACCIÓN
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La presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, informó hoy día que, en solo 48 horas, el parlamentario de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó dos proyectos de ley referidos al trabajo de medios de comunicación.

El primero de los proyectos, establece la obligación a medios públicos y privados de difundir, durante 20 minutos al año, los logros de gestión del gobierno central, gobiernos regionales y municipales. El segundo, la penalización con 4 años de cárcel para aquellos ciudadanos que sean denunciados por difamación.

Lainez aseveró que el objetivo de esas iniciativas parlamentarias es coactar a la prensa y que, el proyecto referido a la difamación, busca amedrentar a los y las periodistas.

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó dos proyectos de ley referidos a medios de comunicación.

“Desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), hemos calificado el proyecto de ley como desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión, porque lo que se pretende es justamente convertir en cárcel efectiva lo que podría resultar una sentencia por el tema de difamación”, manifestó Lainez.

En tal sentido, consideró que una denuncia por difamación es, en realidad, una excusa para detener investigaciones periodísticas. “Nosotros, desde la ANP, hemos señalado que esta es una estrategia que muchas autoridades o personas que ejercen la función pública, lamentablemente, utilizan para amedrentar o para querer desvirtuar investigaciones que revelan los periodistas”, enfatizó.

Según la opinión de Lainez podría parecer justa una pena por difamación, pero “en un sistema de justicia que realmente no pondera, de manera adecuada, lo que es el derecho a la información y el derecho al honor y a la buena reputación”, se corre el riesgo de que un juez “termine sentenciando a cualquier ciudadano”.

Redacción: Christian Nima C.

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