Esta noche el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria dictó 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo tras el pedido hecho por la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión y otros tras el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre. En tanto, al expremier Aníbal Torres se le impuso la medida comparecencia con restricciones.
En la lectura de la resolución el magistrado Checkely, indicó que existen graves y fundados elementos de convicción de presunta conspiración, puesto que Castillo Terrones junto a Betssy Chavéz, Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
Para la fiscalía, en el delito que se le imputa a Castillo Terrones, existe flagrancia debido a que el exjefe de Estado llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir las disposiciones que había adoptado al momento de decretar el fallido intento de golpe de Estado.
Referente al peligro procesal, Checkley Soria contempló la intención de fugarse al momento de dirigirse a la Embajada de México: “No creemos que haya ido a la Embajada de México a tomar el té”.
Por su lado, el abogado de Pedro Castillo, Italo Díaz, recalcó que su patrocinado no pretendía pedir asilo en México, Asimismo, señaló que fue el embajador Marcelo Ebrardquien le ofreció el asilo político, pero Castillo Terrones no lo había solicitado. Acotó que tan solo son rumores pero que existen pruebas al respecto.
En tanto, Duberlí Rodríguez, defensa legal de Aníbal Torres, indicó que la Fiscalía no cuenta con las evidencias de que su patrocinado se haya levantado en armas y que no hay indicios de su participación en el fallido golpe de Estado.
Asimismo, el letrado subrayó en que la prisión preventiva no debe ser una regla del proceso penal. “La prisión preventiva es la excepción y no la regla. Sin embargo, la judicialización de la política ha subvertido este orden”, señaló.
Redacción: Christian Nima C.
