Personal que laboró en la Procuraduría Pública Regional de Tumbes denunciaron al procurador Sinclair Garavito Dioses, por presuntamente ejercer contra ellos actos hostiles. Estas acusaciones han sido plasmadas en distintos documentos a los que tuvo acceso Tumpis.
Por esa razón, dos abogados y personal administrativo solicitaron ser rotados a otras oficinas dentro del Gobierno Regional. ¿El motivo? El quebrantamiento de las relaciones laborales.
Casos de hostigamiento laboral
Una de las primeras personas que pidió su traslado fue la abogada Conny Rosanet Gamboa Casariego, en el año 2022. En el informe Nº0001-2022/GOB.REG.TUMBES, fechado el 26 de octubre de ese año, la abogada solicita que se deje sin efecto el memorando Nº 1052-2022, que disponía su regreso a la oficina de la Procuraduría Pública Regional “por motivos de carga laboral, y no teniendo a la fecha un reemplazo en el puesto”.
En el informe, la abogada Gamboa señala que no desea regresar a la Procuraduría porque “hace ya, aproximadamente, un año y medio, existe un clima laboral hostil para con la suscrita (ella misma) que hace imposible poder laborar de manera diligente y eficiente con el abogado Sinclair Garavito Dioses”, se lee.
Algunos trabajadores brindaron su testimonio a Tumpis, solicitando la reserva de sus identidades por temor a represalias. Sin embargo, un dato adicional y relevante en sus declaraciones: “En dos oportunidades yo la he visto salir (a la abogada Conny) de la oficina del doctor privadita, y me rompió el corazón verla llorando sin poder hacer nada y supe que el doctor la había tratado mal dentro de su oficina”.
Este año, otros cuatro trabajadores también pidieron ser rotados a otra área de trabajo. Uno de ellos es el abogado José Calderón Alemán, quien laboraba en la Procuraduría desde el 2012. De acuerdo al informe Nº 058-2024, remitido al procurador Garavito, con copia al jefe de la Oficina Regional de Recursos Humanos del GORE Tumbes, Renato Vargas Morán, el abogado Calderón hace una “introspección sobre la situación que venía soportando”.
“(Tiene) una actitud desatinada y desafiante, trasladándose a un evidente maltrato a mi persona (…) ya no existe una mínima comunicación, sino es por los densos memorandos que vengo recepcionando, los mismos que les estoy dando respuesta uno a uno, teniendo en consideración la recarga laboral que desempeño”, se lee.
El abogado recalcó que, tras la presentación de su informe, “habrá situaciones negativas en contra de mi persona que no ayudarían a resolver el mal clima laboral (…); además del rompimiento de las relaciones intersubjetivas entre trabajador y jefe inmediato”.
“Debo recalcar que jamás le falté el respeto (…) lo que su persona no ha podido contener frente a los demás, toda vez que han sido recurrentes y evidentes los malos tratos a los trabajadores de la oficina”, agregó el abogado en su escrito.
Por su parte, el técnico administrativo Wilmer Ignacio Herrera López presentó una solicitud, ante el jefe de Recursos Humanos, Renato Vargas, con copia al gerente general del GORE Tumbes, Juan Sinche Osorio, en la que pedía su cambio o rotación de oficina.
En su misiva, el técnico señala que es víctima de “represalias contra su persona”. “Solicito de manera urgente el cambio o rotación a otra oficina ya que estos actos hostiles y humillantes, cada día se acrecientan más, por el bien de mi salud física y mental que me está afectando todos los días y que no me permiten conciliar el sueño”, resalta.
Revelan supuesto trasfondo en el accionar del procurador regional de Tumbes
Tumpis tuvo acceso a un audio (duración 01:16:35) en el que se escucha el desarrollo de una reunión entre los trabajadores, el procurador Sinclair Garavito y el gerente general Juan Sinche.
Esta reunión se llevó a cabo el 23 de mayo de 2024, un día después de que el abogado José Calderón presentara el informe en el que describe la problemática dentro de la Procuraduría y pide que se le ponga a disposición de la jefatura de personal.
En el audio, el procurador dice: “comenzaron a suscitarse omisiones funcionales o inconductas funcionales. Entiendo que muchas veces no quieren que se les corra traslado de un memorando, notan que un memorando es una cosa denigrante, pero creo que un memorando por parte de un jefe, o alguien que encabeza una oficina, es para que absuelvan lo que ellos crean que tengan que decir (…) pero ¿qué es lo que pasa? cuando a ellos se les pasa un memorando, gerente, se ponen serios, uno a veces saluda, ya no saluda, a veces uno entra en la hora de almuerzo, les dice buen provecho, ya no te responden cuando antes te respondían”.
Por su parte, en su momento, el abogado José Calderón indicó lo siguiente: “El tema no viene por ahí, el tema no viene por los memorandos como él lo ha querido plasmar. Ya el día de ayer hemos escuchado a la señorita Dulce, delante del señor Renato, que eso no era el fondo del asunto. El fondo del asunto es otro aquí, y no es que porqué me envió un memorando, no, es otra cosa. Hay un trasfondo aquí que, como yo le dije ayer al ingeniero Renato, yo ya no puedo estar en esta oficina por motivos tal y tal que ahí lo he plasmado (en el informe Nº 058-2024)”.
Posteriormente, una de las presentes que responde al nombre de “Dulce” dice: “Quedamos ayer en que yo no toque el tema, sí, por temor a las represalias porque no sería la primera persona que sale de esta Procuraduría afectada, ya han salido muchos trabajadores; la primera fue la doctora Conny que ella presentó un documento, gerente, indicando las mismas molestias o los mismos inconvenientes que ella tuvo aquí”.
– “Por las omisiones funcionales”, increpa el procurador.
– “No doctor, puede haber sido eso, doctor, pero también viene porque la doctora Liz (Lisbeth) pues aquí mantiene una relación con el doctor (Garavito) y se desquitó y se desquitó con la doctora Conny, luego eso viene que nosotros tenemos que pagar los platos rotos cuando ellos pelean; ese es el meollo del asunto”, agrega Dulce.
Ante esta declaración, el procurador toma la palabra y manifiesta: “A la doctora Lisbeth la conozco desde que hacíamos maestría en la ciudad de Piura (…), con ella hemos tenido trato y hemos tenido una relación desde mucho antes, eso de un hombre y una mujer no tiene motivo de por qué ser algo raro, eso lo estoy reconociendo, ellos lo sabían perfectamente”.
Posteriormente, el procurador Garavito repite y dice: “Yo no estoy desconociendo, a la doctora Liz yo la conozco mucho antes de este trabajo, nos veíamos en la UDEP, salíamos juntos siempre; con ella tengo una relación de pareja de más de 7 a 8 años, eso no es un pecado o ¿es un pecado gerente?”.
Trabajadores advierten inconducta funcional del procurador y solicitan la toma de acciones
El último 24 de mayo, un día después de la reunión del personal, el abogado José Calderón, el técnico Wilmer Herrera, la asistente Kelly Ortíz Arévalo y la secretaria Betty Huamán Julca firman una solicitud enviada al jefe de Recursos Humanos y al gerente general del GORE Tumbes. Mediante este documento piden que “se tomen acciones necesarias y urgentes frente a inconducta funcional expresada directamente por el procurador público regional de Tumbes”.
Junto a este escrito, los trabajadores anexaron el informe del abogado Calderón y el audio al que accedió Tumpis. “Los firmantes manifestamos nuestra postura frente al comportamiento demostrado por el referido funcionario, lo que ha conllevado a explicar las verdaderas razones por las que se viene dando el quebrantamiento de relaciones laborales, a través de actos hostiles, humillantes y degradantes”, inicia la misiva. “Estás agresiones verbales y maltratos por parte del jefe inmediato se han suscitado en reiteradas oportunidades a lo largo del tiempo”, agrega.
Asimismo, en el documento, se precisa que esta situación “trasciende a un tema muy personal”. “El propio jefe inmediato reconoce mantener una relación sentimental con una trabajadora dependiente de la Oficina de la Procuraduría Pública Regional, lo que ha traído a colación un sin número de problemas y el desgaste del ambiente laboral, toda vez que los problemas se suscitaron a raíz de las peleas constantes entre el jefe y su subordinada; y como consecuencia de ello, recae el maltrato de los trabajadores”, apuntan.
Además, en la misiva, hacen hincapié en que la “normativa vigente sobre contratación de personal prohíbe por un lado al funcionario, la contratación o intervención en los procesos de selección de personal, además la injerencia directa o indirecta en esta”. “Así como ha mencionado el propio funcionario, mantiene una relación de pareja de más de 7 a 8 años; y la mencionada subordinada viene prestando sus servicios desde el año 2018; permite concluir que siendo su pareja es quien requiere de sus servicios profesionales para la Procuraduría; y, posteriormente, durante el proceso de selección CAS, el referido funcionario formó parte de la comisión de evaluación, participando de la emisión de los TDR, de la evaluación curricular y la entrevista que dio por ganadora a la misma”.
Por último, los cuatro que suscriben el documento piden que “se tomen las acciones de ley, teniendo en consideración que las represalias y hostigamiento serán latentes en todo momento”. Las 4 personas que suscribieron este documento fueron rotadas a otros puestos.
El acta de instalación de la comisión del Concurso Público de Contratación Administrativa del Servicios N°001-2020, detalla que, según la Resolución Ejecutiva Regional N°020-2020, uno de los miembros sería el jefe de la oficina solicitante. No obstante, en la mencionada resolución se precisa que sería miembro veedor.
El abogado Renato Escobedo indicó a Tumpis que en esta situación no se puede hablar de tráfico de influencias ya que para ello se necesita de un tercero. Sin embargo, para el abogado Francisco Valdez, asociado senior del estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas, la figura de colusión o negociación incompatible sería la más cercana.
Valdez explica que “en el delito de colusión no es necesario que se dé en el marco de empresas con funcionarios, sino que también puede ocurrir entre particulares y funcionarios; en el marco de contrataciones públicas”. “Si el procurador ha tenido alguna injerencia en el proceso de contratación, puede ser que se pueda dar el delito sí y solo sí este ha tenido un contubernio con la señorita”, agregó.
“Si no ha habido ningún acuerdo, sino que sencillamente no mencionó estas incompatibilidades y conflictos de intereses que tiene con ella, lo que posiblemente hay es el delito de negociación incompatible”, agregó.
En una entrevista otorgada a Tumpis, el procurador Sinclair Garavito aseguró que “participó en el año 2020 como veedor en el concurso CAS de méritos para las plazas de abogados dentro de esta Procuraduría”. “Por tanto, al ser veedor, “yo no tenía facultad alguna de evaluar, de calificar o para intervenir como miembro del comité”, acotó.
Cuando le preguntamos sobre el tipo de relación que mantendría con la abogada Mercado, respondió: “Cuestiones personales es el derecho a la intimidad, en ese extremo yo me voy a reservar toda respuesta”. “Ese audio que ha salido a la palestra ha sido obtenido de una manera ilegal, contra la voluntad de todos los participantes ahí, y que además ese audio tiene que ser, de una u otra manera, analizado en su momento, que yo lo voy a evaluar, porque todo el contenido no ha sido exacto”.
Un segundo abogado especialista, consultado por este medio, precisó que el “veedor solo está presente para velar que el proceso de evaluación ocurra con total regularidad, mas no para evaluar”. No obstante, “si existe algún documento que acredite que él intervino, quizá, en realizar alguna pregunta y colocar un puntaje, ahí sí ya no sería veedor sino miembro directo del Comité de Evaluación”.
Sin embargo, el especialista especificó que “el delito de colusión y negociación se configura a través de la prueba indiciaria; no se necesita una prueba directa”. “El ministerio Público podría iniciar de oficio una investigación preliminar porque para el delito de colusión y negociación incontable no es necesario que exista una prueba física que acredite que se configuró el delito sino basta con una prueba indiciaria o una sospecha suficiente, que nosotros llamamos sospecha fuerte, para que el delito se configure”.
Cabe precisar que, tal como lo señala la solicitud de los cuatro trabajadores, la abogada Lisbeth Mercado ingresó a trabajar a la Procuraduría como personal tercero; es decir por locación de servicio. “Los doctores entraron en 2017 (a) finales del 2018”, confirmó el procurador.
Los terceros, según el procurador, son contratados por la Oficina de Abastecimiento. “Simplemente yo solicito que se necesita profesionales, pero los terceros son profesionales que tengan la capacidad profesional de atender, por la cuestión de la materia, cada especialidad del derecho”, precisó.
Procurador rechaza acusaciones sobre presuntos actos de hostilidad
El funcionario Sinclair Garavito comentó: “En esta Procuraduría Pública han sido desplazados cuatro profesionales porque no han cumplido funciones. Uno, han dejado consentir sentencias, no han apelado multas por montos de 6.580 soles y han venido acumulando una serie de omisiones”.
En relación al documento presentado por el abogado Calderón, refirió: “Ese mismo día 22 que él presenta ese documento a personal, ese mismo día es que yo le notificó a él para que me absuelva sobre dos expedientes. “Qué sorpresa que hemos convivido siete años en la oficina, y ese mismo día me entero que la convivencia es imposible con él, nunca antes había presentado nada”. “Ellos pueden alegar un montón de cosas, pero en eso que él informa son simplemente palabras, no ha estado anexado con ningún tipo de medio probatorio en absoluto”.
Con respecto a técnico Wilmer Herrera, el funcionario aseguró que “también ha tenido omisiones”. “La Procuraduría Pública tiene que atenderse plazos (…) y cada abogado que está acá asume un determinado número de expedientes judiciales que yo los asigno con un memorando, pero cuando cada abogado deja consentir, no apela, queda extemporánea una contestación o nos rechazan por extemporáneo un documento judicial, es porque ellos no han cumplido dentro de los plazos y parámetros que la ley señala”.
Ante la consulta de la abogada Conny Gamboa, el procurador indicó que “ella fue retirada hace mucho tiempo y también fueron por omisiones funcionales”. No obstante, en el informe que presenta el 26 de octubre de 2026, la abogada solicita que se reconsidere la vigencia del memorando N° 1040-2022/GOB.REG. TUMBES que la retorna a su plaza de origen en la oficina de Secretaría General Regional. Esto, luego de tomar conocimiento que, por medio del memorando 1052-2022/GOB.REG.Tumbes-GR-GGR, se le comunicaba que debía “continuar en sus labores en la Procuraduría Regional“.
A esto, el procurador negó que desde la Procuraduría haya salido un documento que pida el retorno de la abogada Gamboa. “Como procurador público nombrado, desde el momento que yo solicito el desplazamiento de un profesional por inconductas funcionales, yo no pido que regresen”.
No obstante, según los documentos, fueron los trabajadores que solicitaron su cambio de área. “¿Sabes por qué piden el cambio? por las omisiones de su trabajo”, replicó el procurador.
Procurador advierte denuncia penal contra Tumpis
En el marco de la investigación, durante la entrevista con este medio para abordar el presunto conflicto legal en relación a la contratación de la abogada Lizbeth Mercado Sandoval y los casos de presunto hostigamiento laboral dentro de la Procuraduría, el funcionario Sinclair Garavito Dioses emplazó a Tumpis a retirar, en un plazo de 24 horas (que vencería el miércoles 3 de junio a las 10.45 a.m.), el extracto del audio publicado el lunes 1 de junio, a través de nuestra página de Facebook, en la que aceptaría que mantiene una relación con una subordinada desde hace más de 7 a 8 años.
Además, exigió un video en el que el medio debía brindar “disculpas públicas a la Procuraduría Regional de Tumbes”. “Les concedo 24 horas (…); en su defecto, interpondré una demanda contra tu persona (nuestra periodista) y el representante legal de la empresa”, advirtió Garavito Dioses.
Sin embargo, el mismo día en que publicamos el audio, antes de que el procurador acepte nuestra solicitud de entrevista, recibimos una llamada vía WhatsApp de un supuesto amigo suyo, quien se negó a brindar su nombre, y pidió “conversar personalmente” con la periodista a cargo de la investigación; la persona solicitaba “de favor” que se retire el audio.
Tumpis no retirará el audio publicado y hace un llamado a los gremios de periodistas ante este evidente intento de vulneración a nuestro derecho de libertad de prensa.
