El Poder Judicial sentenció a Franklin Daniel Luna Navarro y Hilter José Vásquez Jiménez a 4 años de pena privativa de su libertad, e inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo de la pena, así como 180 días multa y al pago de 50 mil soles de reparación civil, que deberán abonar en el plazo de 6 meses; por el delito de peculado doloso.
De acuerdo a la investigación fiscal, se detectó que toda la documentación de tres servicios nunca ejecutados fue elaborada exprofesamente para generar la apropiación indebida de fondos públicos, y que el trámite desde que se requiere el pedido de servicio hasta la conformidad de los mismos, se llevó en menos de tres días.
En el juicio oral, la fiscal adjunta provincial, Roxana Tantaleán Garay del segundo despacho de investigación de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, pudo demostrar que los exfuncionarios públicos acusados y los terceros no funcionarios, en el marco de los procesos administrativos de contratación pública desarrollados para supuestamente contratar tres servicios en favor de la Dirección Regional de Salud, los que “en apariencia” se ejecutó en los meses de enero y febrero de 2014; pero nunca fueron brindados.
En este caso, los supuestos proveedores fueron Kimberly Yaritza Preciado Marchán, Walter Alfredo Hidalgo Prado e Iván Alexander León Purizaga, reconocieron en el juicio oral no haber realizado los servicios pese a que cobraron 10 mil soles cada uno, admitiendo su responsabilidad para llegar a una conclusión anticipada, por lo que fueron condenados como cómplices por el delito de peculado doloso a 3 años y 7 meses de pena suspendida, 180 días multas y 21, 000 soles de reparación civil.
Estos tres últimos cobraron por dos servicios de repartición de bienes del almacén por todos los establecimientos de salud, servicio de diagnóstico del estado situacional de los establecimientos de salud para un plan de equipamiento. Mientras tanto, el juzgado absolvió de los cargos Johnny Heraldo Lindao Feria, como administrador de la Diresa; sin embargo, la fiscalía apelará en ese extremo.
